En Kenia, la falta de acceso a planificación familiar gratuita y los tabúes sociales llevan a muchas mujeres jóvenes a usar métodos anticonceptivos inseguros. En barrios informales de Nairobi, como Mathare, algunas mujeres recurren a píldoras ilegales vendidas por curanderos debido a la escasez en hospitales públicos y la actitud negativa de algunos médicos hacia las pacientes jóvenes. Píldoras como Sofia, prohibidas por su alto contenido de levonorgestrel, se han vuelto comunes.
Según la Encuesta Demográfica de Salud de 2022, dos de cada 10 adolescentes kenianas (entre 15 y 19 años) quedan embarazadas, y muchos de estos embarazos son no deseados. El acceso a anticonceptivos en hospitales públicos es limitado, y la estigmatización por parte de algunos proveedores de salud exacerba el problema. Aunque la Política de Salud Reproductiva Nacional promete ofrecer servicios de planificación familiar gratuitos, la realidad es que muchas mujeres no pueden acceder a ellos fácilmente.
Las consecuencias de esta falta de acceso son graves. Clínicas privadas y farmacias en zonas pobres inyectan agua en lugar de anticonceptivos o venden medicamentos caducados, lo que lleva a embarazos no deseados y abortos clandestinos peligrosos. Rehema, de 21 años, quedó embarazada tras recibir una inyección de agua y sufrió complicaciones tras un aborto inseguro. Tina, de 21 años, también quedó embarazada debido a píldoras caducadas vendidas en una farmacia.
El ginecólogo John Ong’ech enfatiza la importancia de acudir a centros con personal sanitario cualificado, ya que los medicamentos caducados pueden provocar embarazos no deseados, aunque no causen daños físicos directos. Según la Encuesta Demográfica y de Salud de 2022, el 82% de la demanda de planificación familiar en Kenia está cubierta, un aumento desde el 77% en 2014. Sin embargo, aún queda mucho por hacer.
Donaciones internacionales, como las del Fondo de Población de Naciones Unidas, y el gobierno keniano han contribuido con anticonceptivos, pero las barreras culturales, económicas y logísticas persisten. La activista Rachael Mwikali destaca la necesidad de cambios sistémicos y formación para los médicos para reducir el estigma y mejorar el acceso a métodos anticonceptivos seguros. Iniciativas recientes, como el Proyecto de Ley de Finanzas de 2023, pueden empeorar la situación al incrementar los costos de algunos métodos anticonceptivos en hospitales públicos, aunque las píldoras seguirán siendo gratuitas.
La situación actual en Kenia resalta la urgente necesidad de abordar las barreras de acceso y estigmatización en la planificación familiar para proteger la salud y el bienestar de las mujeres jóvenes.
Fuente:El País
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